El rechazo de trabajadores del Poder Judicial de la Federación al nuevo esquema de evaluación de desempeño provocó este viernes una jornada de movilizaciones que alcanzó al menos 17 estados, con paro de labores, bloqueos y protestas frente a instalaciones judiciales.
La inconformidad tiene como principal punto el acuerdo que establece nuevos criterios para evaluar el desempeño de los trabajadores. Los empleados sostienen que el mecanismo puede afectar sus derechos laborales y generar incertidumbre sobre la continuidad de quienes cuentan con plazas de base.
En Nuevo León, las protestas se trasladaron a calles de Monterrey, donde trabajadores realizaron manifestaciones en la zona de Constitución y Cuauhtémoc, provocando cierres y complicaciones para los automovilistas.
El movimiento es encabezado por trabajadores que rechazan las nuevas evaluaciones y demandan que las autoridades revisen las disposiciones antes de aplicarlas. Su argumento central es que los criterios no consideran de manera adecuada la antigüedad, experiencia y trayectoria de quienes durante años han ocupado puestos dentro del Poder Judicial.
Los inconformes demandan establecer mesas de negociación con el Órgano de Administración Judicial para buscar modificaciones al acuerdo o, en su caso, dejarlo sin efectos.
La protesta tuvo presencia también en Ciudad de México, Morelos, Veracruz, Jalisco, Estado de México, Puebla, Guanajuato, Michoacán, Chiapas, Tabasco, Hidalgo, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Yucatán y Durango.
En la capital del país se mantienen concentraciones en distintos complejos judiciales, entre ellos San Lázaro, Ajusco, Las Flores y Prisma, donde las movilizaciones han generado afectaciones a la circulación.
Los trabajadores señalaron que el paro es por tiempo indefinido, aunque indicaron que algunas funciones consideradas indispensables continuarán bajo controles especiales. Entre ellas se encuentran la atención de situaciones urgentes, guardias de seguridad y actividades relacionadas con el Centro de Desarrollo Infantil.
La movilización representa una nueva presión laboral dentro del Poder Judicial, mientras los trabajadores buscan que las autoridades reconsideren el modelo de evaluación y garanticen la estabilidad de quienes actualmente ocupan plazas de base.